Hemos estado dándole seguimiento a uno de los casos más grandes de corrupción del país Desde el pasado domingo, todos los dominicanos como de costumbre la corrupción es el plato de cada día y esta vez no es para menos con el que posiblemente sea calificado por el Ministerio Público como unos de los casos más grande de corrupción del país “la operación Calamar”.
El programa de investigación Periodística de Nuria realizó un extenso reportaje acerca este entramado, revelando su modus operandi.
Todo esto en el marco de un operativo desplegado por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) a nivel nacional. Denominado “operación calamar”.
Expediente acusatorio del ministerio público en operación Calamar.
El ministerio señala que se trata de una estructura que involucra a veinte y dos imputados en la distracción de más de Diez y ocho mil millones de pesos, cifras que han llegado a decir es equivalente nada más y nada menos que el 28 por ciento del producto interno bruto de la República Dominicana al 2020.
Todo ese dinero se vio usado para el financiamiento de la candidatura de Gonzalo Castillo.
Nuria Piera revela operación calamar señalada por el ministerio público que sus operaciones ilícitas llegaron afectar grandes instituciones del estado donde como podremos ver en la siguiente lista;
- El ministerio de hacienda
- La contraloría general de la República
- Vienes nacionales
- Consejo Estatal del azúcar
- Dirección general de catastro Nacional
- Dirección General de presupuesto
- Banco de Reservas
Todo esto para desfalcar al Estado, aprovechar los conocimientos que tenían del manejo de la administración pública, para violentar sus procedimientos, identificar Vienes que habían sido declarados de utilidad pública y a cuyos dueños no se le había realizado el pago justo precio, logrando que el estado dominicano erogara fondos a base de maniobras fraudulentas.
Fondos que retornaban y se traducían en grandes beneficios económicos para los funcionarios y familiares que formaban parte de la organización.
Crearon esquemas que incluían la participación de profesionales en ejercicio privado para tramitar procesos de determinados herederos irregulares, obtención de duplicados de títulos, constancias anotadas, determinación de justo precio y avalúo en tiempo récord, a fin de crear las condiciones para obtener ganancias ilícitas.
Y para eso falsificaron documentos públicos, emitían avalúos para pagos fraudulentos de parcelas expropiadas sin los debidos soportes técnicos ni los registros correspondientes.
Acusados en la operación Calamar
Según el ministerio público ese quien ideó y creó el trama, el expediente destaca que a pesar de que se estaba en pleno apogeo de la pandemia, todo el personal de la Dirección general de crédito público de la institución que dirigía continuó trabajando de manera presencial y permanente para ser posible la erogación de más de RD$17 mil millones debido a que había una presión para que se hicieran esos pagos.
Se le acusa de coalición con otros funcionarios De mando y alto y medio o estructura no gubernamental compuestas por personas sumamente conocidas entre ellos se encuentra Bolívar Ventura.
Este ha sonado en varios casos de corrupción y de irregularidades y era unos de los principales contratistas del estado cuando Feliz Bautista dirigía la OISOE.
En 2012 junto al hoy senador Feliz Bautista fue acusado de desfalco, prevaricación y lavado de activos en perjuicio del estado, caso que fue archivado.
En el 2021 reaparece en el expediente de medida de coerción del caso Anti Pulpo, estableciendo que se realizaron varias sesiones de crédito a través de sus empresas .
Por lo qué este entregó de manera voluntaria 25 millones de pesos dominicanos que había recibido de parte de Pagán Rodríguez, ex director de la OISOE para asegurar la compra de una planta de cemento asfáltico ubicada en Azúa.
En ese caso, CALAMAR, el órgano acusador lo presenta también como testigo para comprobar la participación directa de Donal Guerrero, José Ramón Peralta y Gonzalo Castillo, quienes utilizaron sus empresas para distraer fondos del patrimonio a revés de cubicaciones adulteradas que tenían como sustento reconocimiento de deuda de trabajo adicional y que se basan el volumetrias inexistentes con operaciones que se realizaron en el 2019.
De acuerdo a las investigaciones el ministerio público, cuando todo inicia en el 2019, antes de la primarias del PLD cuando el entonces presidente Danilo Medina convoca una reunión en el palacio nacional en la que obstruye a sus funcionarios más cercanos, incluyendo el segundo imputado José Ramón Peralta señalado en el expediente ex ministro administrativo de la presidencia.
A buscar dinero vinieron para las campañas políticas internas del PLD y las presidenciales del 2020, a sabiendas de que esa búsqueda sería ilícita.
Según el ministerio público Peralta le solicita entonces al director de la OISOE el ingeniero Pagan a convocar a Bolívar Ventura
Una vez en el palacio le dicen que le pagarán parte de su deuda si das un porcentaje elevado para las elecciones.
El ministerio público dice tener evidencias de que Gonzalo Castillo candidato a la presidencia en aquel entonces llegó a recibir
Más de 3 mil millones de pesos en efectivo de parte de otros de los implicados que ha ayudado al ministerio público a investigar. Ese hombre es Mimilo Jiménez.
En el expediente de casi tres mil páginas tampoco figura como imputado, si no como testigo el ex administrador del Banreservas Simón Lizardo a quien el ministerio público señala como cómplice del entramado y el actual director de la unidad técnica ejecutora de titulación de terrenos del estado y aspirante a alcalde de Santo Domingo oeste por el PRM. Merido Torres.
Este se benefició con una expropiación de terrenos en Boca Chica por lo que recibió más de 32 millones de pesos y muchos otros se preguntan cómo es que Danilo Medina no está en el expediente.
Luego de los apresamientos del entramado cientos de simpatizantes del PLD se lanzaron al palacio de justicia de ciudad nueva donde rompieron cristales y ocasionaron disturbios en protesta de los apresamientos.
Por otro lado Participación ciudadana rechazo se trate de una persecución política y respaldo al ministerio público.
